El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hace saber su preocupación frente a diversos hechos y manifestaciones públicas vertidas en estos últimos días con relación a los concursos para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
En tal sentido, sostenemos enfáticamente que los procesos de selección de magistrados y funcionarios deben indefectiblemente llevarse a cabo y mantenerse al margen de todo tipo de presiones y especulaciones políticas, más aún cuando refieren a cargos que tienen competencia sobre un asunto de suma trascendencia como la diagramación de la política criminal de la Provincia.
Por tales motivos efectuamos una exhortación a los distintos estamentos políticos del Estado provincial a fin de que, superando diferencias e intereses coyunturales, asuman debidamente la responsabilidad institucional que les cabe en un proceso que es de vital importancia para el debido funcionamiento del Poder Judicial, en el entendimiento de que ello redundará en beneficio de la sociedad toda.
El rol del Colegio de Magistrados y Funcionarios en el Consejo de la Magistratura se limita, conforme lo previsto en el cuarto párrafo del artículo 5 del Decreto 854/2016, a integrar el “Cuerpo Evaluador” remitiendo nóminas de asociadas y asociados a esos fines, que juntamente con representantes de otros estamentos (Colegio de Abogados y Universidades públicas) será “el órgano encargado de valorar los antecedentes, calificar la prueba de oposición y realizar la entrevista personal”, destacando que el Consejo de la Magistratura pertenece a la órbita del Poder Ejecutivo.
Desde el lugar de representación institucional que nos toca asumir, en varias oportunidades hemos planteado ante los funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas gestiones gubernamentales, como así también ante integrantes de la Legislatura provincial, la necesidad de una reforma tendiente a la institucionalización permanente del Consejo, a través de una conformación por un Cuerpo Estable de Consejeros pertenecientes a los distintos estamentos con directa vinculación a la actividad judicial, como así también la designación para cada concurso de Jurados de evaluación de acuerdo a la especialidad de las vacantes a cubrir.
No puede soslayarse tampoco que aquellos que deciden postularse y tramitar las etapas de un concurso, como así también quienes resultan seleccionados para conformar el Tribunal evaluador deben realizar un inconmensurable esfuerzo en lo que deben llevar a cabo (oposición y entrevistas personales) con lo cual no deben quedar expuestos a un inmerecido e injusto desgaste, tanto en lo personal como en lo profesional.
Es por tal motivo que, frente a la actual coyuntura, exigimos que se extremen los recaudos en orden a garantizar un normal desarrollo de todos los concursos en trámite, respetándose las reglamentaciones vigentes y asegurando, de tal modo, la imprescindible transparencia que debe enmarcar a este tipo de procesos de selección de magistrados y funcionarios, con el fin último de garantizar a futuro el respeto a la independencia judicial.
CONSEJO DIRECTIVO PROVINCIAL, 28 de Septiembre de 2022.
Dr. Gustavo Salvador Presidente
Dr. Roberto Dellamónica Vice Presidente