Buenas noches:
Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan: el señor Gobernador de la Provincial, Ing. Miguel LIFSCHITZ; señor Vicegobernador de la Provincia, CPN Carlos Fascendini; la señora Diputada provincial Clara García; el señor Procurador de la Corte, doctor Jorge Barraguire; el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Silvertein; el señor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Contador Oscar Biaggioni; el señor Vocal del Tribunal de Cuentas Dr. Gerardo Gasparrini, con quienes he compartido 10 años de trabajo por mi paso por el Tribunal de Cuentas; la sra. Director del Centro de Capacitación Dra. Jaquelina Balangione; Señor Presidente del Tribunal oral en lo Criminal Federal, Dr. José María Escobar Cello; señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe, Dr. Enrique Muller; señor Vicepresidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, Dr. Martín Guillermo Avalos. Les traslado los saludos del señor Presidente de la Corte. Dr. Rafael Gutiérrez y del Ministro Dr. Eduardo Spuller, quienes tenían compromisos en la Junta Federal de Cortes.
En especial, agradecemos a todos y a todas Uds. -jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras, secretarios y secretarias, jubilados y jubiladas, que, como siempre decimos, dan sentido y contenido al Colegio; y en particular a los colegiados del interior de la Provincia por su esfuerzo
El día de la Magistratura y la Función judicial nos convoca, año a año, a reflexionar sobre todas las temáticas vinculadas con la vida institucional de nuestro Colegio y el quehacer judicial.
En este sentido, es ardua la tarea del Consejo Directivo Provincial y de los Consejos zonales y regionales, a través de cursos, jornadas y talleres; actividades culturales, deportivas, sociales y de servicio a la comunidad, como aquellas vinculadas con la búsqueda y mejoramiento de los servicios sociales destinados a mejorar la calidad de vida de los asociados y sus familias.
Al respecto, merece destacarse, por su trascendencia y la gratificación que nos ha ocasionado, las recientes Jornadas Nacionales sobre la Implementación del Código Civil y Comercial realizadas en la ciudad de Rosario, los días 16 y 17 de junio del año en curso.
Para nuestro Colegio fue un verdadero orgullo que se lo haya elegido para la organización y sede de esta jornada, con la particularidad que tuvo lugar en el marco de la conmemoración de los cincuenta años de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial.
Cabe un especial reconocimiento a quienes con su trabajo hicieron posible estas Jornadas, especialmente, al Consejo Directivo de la zona sur, por el esfuerzo institucional realizado.
Igual merecimiento cabe atribuir al X Congreso Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio Público a realizarse en la ciudad de Santa Fe, los días 3 y 4 de noviembre próximo, en el que se tratarán temas relevantes vinculados con la participación de los secretarios en las estructuras asociativas; la función del secretario en los nuevos modelos de gestión judicial; condiciones laborales, situación remunerativa e impositiva de los secretarios; el Secretario y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión judicial; etc.
Se trata de un ámbito de debate muy activo, que convoca a un gran número de secretarios de todo el país, y que por su relevancia tiene el reconocimiento de la FAM y que por todo ello, merecedores de un espacio institucional en su Junta de Gobierno.
Igualmente, nos enorgullece la edición número 6 de la revista del colegio, la que da cuenta que la misma ha venido para quedarse definitivamente en la vida y en la historia del Colegio y en la que son protagonistas excluyentes los asociados. Aprovecho para saludar a la doctora Marcela De Lucca y al Dr. Mario Barucca, los que con su esfuerzo hacen posible la revista.
Pero no todas son luces.
Lamentablemente, en estos días los integrantes del Poder Judicial de la Provincia venimos sufriendo significativos embates, cuestionando nuestro régimen remuneratorio e impositivo; poniendo en tela de juicio el desempeño de jueces y fiscales del fuero penal, coronado con un proyecto de ley que, con la finalidad de “transparentarnos”, incursiona en motivaciones que nos coloca en una imagen institucional negativa y distorsionada.
Nuestro posicionamiento no está dirigido a invalidar la opinión misma -la que respetamos-, sino al mensaje descalificador hacia magistrados, fiscales y defensores, generador de desconfianza y que nos deslegitima ante la sociedad.
El momento actual encuentra al servicio de justicia con un alto grado de requerimiento social, que exige una mayor accesibilidad de los ciudadanos a los estrados judiciales, requiriendo de los actores judiciales un rol activo en aras de garantizar los derechos de las personas.
Ello nos coloca en la necesidad, tanto interna como externa, y lejos de cualquier interés corporativo, de dar la debida discusión en orden a los nuevos requerimientos legales de las personas, y en la que jueces, fiscales, defensores y secretarios, expresan un fuerte compromiso con las instituciones democráticas y los derechos fundamentales de las personas.
Este es el verdadero y necesario debate que la sociedad nos está exigiendo, en el que cada uno de los Poderes del Estado cumpla con las funciones que la Constitución y las leyes les ha asignado.
Poco aporta al actual estado de cosas el vehemente cuestionamiento a nuestros sueldos.
Lo cierto es que nuestros sueldos y cada uno de los ítems que lo integran, que están establecidos en una ley, son los únicos que están expuestos y son conocidos por la sociedad, lo que no ocurre con otros sectores de la actividad pública.
De la misma manera resultan desmedidas las críticas respecto al impuesto a las ganancias.
No le dicen a la sociedad que nos ampara una sólida doctrina constitucional que ha venido siendo confirmada por la jurisprudencia; que no obstante ello, el tema se encuentra en tratamiento en el seno de la Corte nacional, y que la solución, no obstante la opinión que han hecho pública los Ministros de la Corte nacional, no es tan simple como la postulan.
Tan es así que las respuestas desde el ámbito legislativo no son unívocas.
Varios son los proyectos presentados en el Congreso nacional, el último y no menos polémico, es el de los diputados nacionales Nicolás Massot -Presidente del Bloque de Cambiemos- y Pablo Tonelli -representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-, por el cual se gravaría con el impuesto a las ganancias a magistrados y funcionarios judiciales que juren con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, con fundamento en el artículo 110 de la C.N., y en el antecedente de la Corte norteamericada de 1939.
Lamentablemente a los críticos de sueldos e impuestos no se los ha escuchado preocupados cuando funcionarios nacionales presionan a los jueces por las decisiones vinculadas a las tarifas de los servicios públicos o cuando se cuention a la justicia del trabajo porque dictarían sentencias «en favor de una de las partes», o cuando se publican solicitadas pidiendo la destitución de un juez.
También, y frente a los serios problemas de seguridad que afectan a la Provincia, especialmente a la ciudad de Rosario, se ha intentado trasladar la responsabilidad de los mismos a los jueces.
En efecto, de un particular hecho delictivo, grave y verdaderamente desgraciado, se pretende generalizar sus consecuencias, dejando entrever que la respuesta judicial, en todos los casos, es siempre la misma y débil, en perjuicio de las víctimas y de la seguridad de la sociedad.
Tal como lo venimos sosteniendo, los jueces estamos compelidos a pronunciamos en el marco de la ley, la Constitución nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a los que la Nación ha adherido.
Compartimos las declaraciones del Dr. Daniel Erbetta, en el sentido que «los jueces no son quienes diseñan políticas generales o específicas de seguridad, ni estrategias de prevención situacional del delito; tampoco tienen a cargo la investigación penal que hoy llevan los fiscales. Tampoco son responsables de los 23 homicidios ocurridos en los últimos 30 días».
En sintonía con nuestra posición, el Presidente de la Corte nacional ha dicho, en el marco de las «III Jornadas Académicas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional», que “el poder Judicial no debe gobernar, pero debe aplicar las leyes y eso genera sentencias judiciales … que Los roces del Poder Judicial con los otros poderes son parte del juego democrático”… que cuando “Se dice que hay activismo judicial, los que dicen eso deben leer las normas. Si se dictan leyes o se firman tratados internacionales, deben ser aplicados. Entonces, o se cambia la ley o se la aplica”.
Tampoco formamos parte de un poder en «tiniebles», como sugiere el diputado provincial López Molina en un proyecto de ley.
Si hubiese abierto la página web del Poder Judicial se habría encontrado con mucha de la información que el legislador infiere que la sociedad no sabe de nosotros: están nuestros nombres, el cargo que desempeñamos, el domicilio laboral, el número de nuestros teléfonos; los correos electrónico; la jurisprudencia de la Corte y de los tribunales inferiores; información estadística que da cuenta de la organización judicial; de los recursos humanos y financieros, de la actividad juridiccional y de la calidad del servicio de justicia; un sistema de autoconsulta de los expedientes que le permite a las partes conocer el estado del mismo.
También se habría encontrado con el Reglamento de Declaraciones Juradas Patrimonial, que obliga a jueces y funcionarios judiciales a presentar bi-anualmente sus declaraciones y que también están a disposiciones de los ciudadanos que la requieran.
Debemos acordar que todas estas arremetidas no le hacen bien al Poder Judicial, afectando su credibilidad e independencia frente a la sociedad.
Lo cierto es que el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe está lejos de la imagen negativa que se pretende proyectar; nosotros no pertenecemos a ningún «partido judicial», ni formamos parte ni tenemos intereses ni condicionamiento alguno de naturaleza política.
Muy por el contrario, exhibimos un compromiso institucional compatible con los cambios y requerimientos de la sociedad, con independencia, imparcialidad, competencia, pluralidad de ideas y honorabilidad, y por supuesto, receptivos a las críticas provenientes de las distintas visiones del derecho.
Tampoco estamos ajenos ni somos indiferentes a los problemas y exigencias de la sociedad. También nos duelen las consecuencias de la inseguridad, de las que nosotros o nuestras familias han sido victimas, incluso aquellas que tiene por causa las decisiones juridiccionales que adoptamos.
En este sentido vemos positivamente las últimas decisiones del señor Gobernador en orden a impulsar las modificaciones legales necesarias, como así también las de proveer los recursos humanos y presupuestarios para hacer más efectivo al servicio de justicia.
Pero como el Poder Judicial no es solamente el fuero penal, reiteramos nuestro pedido que se agilicen los concursos para la cobertura de la gran cantidad de vacantes actualmente existentes.
Desde ya, como somos actores de buena fe, ponemos a disposición de las autoridades provinciales nuestro conocimiento y experiencia en las materias de que se trate, como, por lo demás, venimos haciendo.
La complejidad de la hora nos exige un mayor compromiso institucional y ciudadano, de modo de fortalecer al Poder Judicial y al servicio de justicia en favor del pueblo, único destinatario de los fines esenciales del Estado.
Vienen al caso las alentadores palabras del Papa Francisco en el marco de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en cuanto a que “Hacerse cargo de la propia vocación quiere decir también sentirse y proclamarse libres”; “libres … de las presiones de los gobiernos, libres de las instituciones privadas, … y que sin esa libertad el Poder Judicial de una Nación se corrompe y siembra corrupción. Todos conocemos la caricatura de la justicia, para estos casos, ¿no?: La justicia con los ojos vendados que se le va cayendo la venda y le tapa la boca”.
Feliz día del la magistratura y la función judicial. Muchas gracias.